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El futuro de la educación privada

EDITORIAL • 21/05/2015

Resulta complejo obtener datos objetivos sobre el presupuesto que destina la Administración a financiar el coste de cada alumno escolarizado en colegios públicos, a los que nos vamos a circunscribir, dejando para otro momento el análisis de las subvenciones que el Estado y las comunidades autónomas destinan a los colegios concertados basadas en que suponen un ahorro para la Administración y favorecen la libertad de elección de centro. Lo cierto es que es mucho mayor, en términos relativos, el ahorro que para el Estado supone la enseñanza realmente privada que no está subvencionada con dinero público, y que ésta posibilita de manera real la libertad de elección de las familias, pero la propia Administración está en camino de estrangularla si no se adoptan medidas para establecer y apoyar decididamente nuevos modelos educativos basados en las libertades a las que hacíamos referencia en nuestro anterior editorial, así como nuevas fórmulas fiscales para el sector educativo.

Decimos que es complejo obtener los datos de cuánto le cuesta cada alumno al Estado por la opacidad de las administraciones y entidades en sus estadísticas en lo que respecta al desglose de las distintas etapas educativas y porque, al presentar resultados, utilizan de manera conjunta el epígrafe de centros privados, ya sean éstos concertados o no. A ese respecto la dificultad estriba en realizar análisis comparativos entre un tipo u otro de enseñanza.

En todo caso tenemos como referencia más actual  el documento 'Panorama de la Educación - Indicadores de la OCDE 2014, Informe español', que recoge  un gráfico sobre el gasto público anual en instituciones educativas por alumno público en el año 2011, en el que se refleja que España mantuvo en ese año un gasto público total por alumno en la educación pública ligeramente superior al promedio de la OCDE y de la UE21: 9.285 dólares en España (8.360 euros al cambio de hoy) frente a 8.952 dólares del promedio de la OCDE y 8.909 en la UE, lo que supone en torno a un 4% de diferencia. Por niveles educativos, el gasto público en Educación Infantil, Primaria y Secundaria en la UE21 es algo superior al gasto en España pero inferior en Educación Terciaria. Si comparamos las cifras españolas con las de la OCDE, observamos que el gasto público en Educación Primaria y Secundaria es superior en España, mientras que en Educación Terciaria es algo inferior a la media de la OCDE.

Por otra parte, datos hechos públicos por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en el Congreso Nacional de Enseñanza Privada de 2014 y recogidos en el informe ‘2014 Libertad de Enseñanza en España’, referidos al año 2011, apuntan a que el gasto por alumno en un colegio público y por Comunidad Autónoma es de 5.960 euros como media. No hay desglose por etapas educativas.

Un tercer informe que puede servir de referencia es el titulado ‘El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada’, elaborado por el Observatorio por la Educación Pública del Área Federal de Educación de Izquierda Unida, en el que se cita como fuente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (año 2012) y que cifra la inversión pública por alumno en España en el año 2009 en 6.963 euros como media, correspondiendo 5.627 euros al alumno de Enseñanza Primaria, 7.621 euros al de Enseñanza Secundaria y 10.262 euros al de Enseñanza Superior.

En todo caso, se mire como se mire, la conclusión es más que evidente: los centros privados independientes que no están subvencionados con dinero público prestan sus servicios a precios inferiores a los que la propia Administración asigna a los alumnos escolarizados en sus centros. Por tanto no cabe sino preguntarse: ¿cuál es el futuro de la educación 100% privada en estas condiciones?

Pero la reflexión es inclusive de mayor calado porque los centros privados, entendiendo por éstos únicamente los que no son concertados, están ofreciendo muchos más servicios que los ofertados por la enseñanza pública. Y no solo se da por hecho sino que se les exige ofrecer una educación de mayor calidad, superior, excelente. Y ello a precios inferiores que el resto de colegios.

Evidentemente unos y otros centros no están jugando en la misma Liga. ¿Hasta cuándo podrán los centros privados sostenerse bajo estas premisas? Evidentemente, las cosas tienen que cambiar. Cuanto antes y de manera rotunda. Es el momento de pensar en nuevas fórmulas fiscales que se adapten mejor a la actual sociedad española. Una de ellas y que consideramos realmente relevante sería, por ejemplo, la ayuda directa a las familias que escolarizan a sus hijos en centros privados, familias que pagan doblemente por la educación, ya que con sus impuestos se financia asimismo la educación pública.

Esas nuevas fórmulas fiscales deben dar cabida a la enseñanza privada (las otras enseñanzas ya están incluidas) para garantizar el pluralismo educativo que se desprende de la Constitución, así como el ejercicio de las denominadas por nosotros libertades irrenunciables, las cuales han de conllevar a la vez y necesariamente profundos cambios en la estructura del sistema educativo.


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