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Agua de borrajas

EDITORIAL • 05/06/2015

En el pasado mes de mayo la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid hizo públicas las Órdenes por las que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en nuestra región, de aplicación en los centros docentes públicos, privados y privados concertados, y que se suman a la Orden que regula similar autonomía para la Educación Primaria promulgada a finales del pasado año:

·        ORDEN 3814/2014, de 29 de diciembre (Primaria)

·        ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo (ESO)

·        ORDEN 1513/2015, de 22 de mayo (Bachillerato)

Ateniéndonos a los prolegómenos de las citadas Órdenes, los textos parecen responder a una pretendida pluralidad, de instauración en el ámbito que cada una regula, pero que, al leer con detenimiento los contenidos de los artículos, resulta no ser real.

Coincidimos con dichos prolegómenos en que, de acuerdo con los más recientes estudios internacionales sobre la calidad de la enseñanza, es conveniente "dotar a los centros docentes de una mayor autonomía para organizar su oferta educativa", con el matiz de que por nuestra parte consideramos que esa autonomía debe ser total.

Las Órdenes regulatorias de la organización en nuestra Comunidad de los planes de estudios de las enseñanzas Primaria, Secundaria y de Bachillerato responden a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que establece en su artículo 120 y siguientes que los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, Planes de Trabajo, formas de organización, normas de convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de materias en los términos que establezcan las Administraciones Educativas.

De entrada, el término 'ampliación de horario' supone ya una limitación de la pluralidad y autonomía de los centros educativos, por cuanto que implica que no hay libertad para definir dichos horarios.

Además, si profundizamos en los contenidos de las Órdenes de la Comunidad de Madrid de referencia, nos encontramos con que solamente permiten:

1. "Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica". Por tanto, tampoco hay libertad para elegir asignaturas ni definir sus contenidos de cara a establecer un plan de estudios propio, como nuestro centro defiende.

Para que realmente todos los sectores de la población puedan obtener beneficios, los centros educativos deberíamos poder actuar de una manera libre

2. "Configurar una oferta formativa determinando las asignaturas específicas y de libre configuración autonómica" de acuerdo con los Decretos que establecen en nuestra región los currículos de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato:

·        DECRETO 89/2014, de 24 de julio (Primaria)

·        DECRETO 48/2015, de 14 de mayo (ESO)

·        DECRETO  52/2015, de 21 de mayo (Bachillerato)

Los cuales son completamente limitantes. Luego tampoco existe libertad para establecer una oferta formativa propia, libertad por la que nuestro centro aboga.

3. Aumentar o ampliar las horas lectivas correspondientes a las diferentes materias sin que esto suponga la reducción horaria de otras. Así que entonces tampoco existe libertad para establecer un horario de manera independiente y como cada centro entienda más favorable para impartir sus planes de estudios u oferta formativa. Libertad ésta que nuestro centro propugna .

Por otra parte, sin esas libertades no es posible diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios, posibilidad que las mencionadas Órdenes recogen pero que, a la postre, es contradictoria con las señaladas limitaciones, que aún van más allá por cuanto que las Órdenes insisten en que las materias del bloque de asignaturas de libre configuración de los centros, ya de por sí limitadas por los Decretos, han de estar sujetas a aprobación por la Consejería de Educación, sin que puedan impartirse sin dicha aprobación, que además ha de ser realizada mediante Orden.

Y en todo caso, cualquier modificación que los centros deseen realizar en el contexto de las mencionadas Órdenes regulatorias, y según lo establecido por éstas, será objeto de supervisión por parte del Servicio de Inspección Educativa al inicio del curso escolar.

Evidentemente, con las cortapisas y limitaciones enumeradas, en la práctica no se pueden hacer cambios ni modificaciones sobre nada que afecte a la organización de las enseñanzas ni planes de estudios de las diferentes etapas educativas.

Paradójicamente, asistíamos en fechas recientes al inicio de una campaña de defensa de la enseñanza concertada promovida por Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), cuyo principal argumento era que una mayor variedad de proyectos educativos garantiza, por un lado, una mayor capacidad de elección de los padres del tipo de educación que quieren para sus hijos y, por otro, una mayor competencia y capacidad de mejora entre los centros educativos.

Y nos preguntamos: ¿a qué variedad se refieren? Porque para los centros concertados la 'oferta' educativa 'que beneficia a todos' (lema de la campaña) es la que propone y regula la Administración a través de las Órdenes y Decretos de los que nos hacemos eco en este artículo, normativas que, además, imponen como condición a los concertados que 'las decisiones y modificaciones que los centros sostenidos con fondos públicos realicen en función de su autonomía no podrá en ningún caso suponer la imposición de aportaciones a las familias, ni obligación de financiación adicional para la Administración educativa". ¿Cómo entonces podrían hacer frente los concertados a los incrementos económicos que supondría poner en marcha nuevas decisiones y cambios?

Para que realmente todos los sectores de la población puedan obtener beneficios, los centros educativos deberíamos poder actuar de una manera libre para elegir las asignaturas a impartir, establecer sus contenidos, eliminar formaciones o asignaturas que consideremos prescindibles, definir el horario lectivo y diseñar de acuerdo a esos cambios o planes una metodología pedagógica y didáctica que consideremos más adecuada.

Si la Administración confía en nosotros para educar a sus ciudadanos, como evidentemente ocurre pues de lo contrario no existiríamos, ha de darnos plena libertad para elegir un proyecto educativo propio y ha de permitir una libertad de enseñanza real. Solo eso sería pluralismo educativo y autonomía de los centros educativos de verdad.


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