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La ministra de Educación lanza una propuesta de “colaboración” y un Acuerdo para dialogar y consensuar

El Gobierno modificará la LOMCE para que la red pública tenga preminencia en la programación de la oferta de plazas escolares y la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización

EDUCACIÓN • 12/07/2018

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha expuesto ayer en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados las principales “líneas maestras” que guiarán su gestión en esta legislatura. Celaá ha empezado su intervención lanzando una propuesta de “colaboración y diálogo abierto” en educación a todos los partidos de la Cámara. “Nadie tiene la solución completa”, señaló.   
 
“Siento un respeto profundo por sus convicciones y sus propuestas, desde sus principios políticos e ideológicos. Sin renunciar a los principios de cada uno de nosotros, pero con la convicción de trabajar por el bien común de los ciudadanos. La educación es una prioridad si queremos ganar el futuro”, resaltó.  
 
Asimismo, la ministra y portavoz del Gobierno propuso a los grupos parlamentarios un Acuerdo por la Educación para dialogar y consensuar medidas. El ministerio espera ejercer un liderazgo de amplios consensos y acuerdos para lograr la estabilidad del sistema educativo.
 
Reformas de la LOMCE
 
El Gobierno reformará los artículos 122, 127 y 135 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), impulsada por el PP, para recuperar la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares de los centros públicos y concertados. Con esta reforma se modificará, además, la forma de selección de los directores de los centros públicos.
 
El Ejecutivo derogará los itinerarios a partir de los 13 años que establecía la LOMCE, “que condicionan los opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento”, explicó la ministra de Educación. Asimismo, se suprimirán las reválidas contempladas en la ley vigente  y se recuperarán los Programas de Diversificación Curricular, que apoyaban a los alumnos con más dificultades de rendimiento.
 
La escuela pública será el eje vertebrador del sistema educativo. “Me propongo modificar el artículo 109.2 de la LOMCE por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada ‘demanda social’, un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública sea subsidiaria de la concertada”, señaló Celaá. “La red pública tendrá preminencia y la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización”, anunció la ministra.

“La mayoría de los centros concertados tienen vocación y un extraordinario valor social”, resaltó. “Del servicio público educativo también forma parte la red de centros concertados. Me consta que la mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro sistema”, afirmó la titular de Educación.
 
Isabel Celaá abrirá un diálogo con los centros concertados que practican la separación de niños y niños y “que contravienen los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación”.
 
La ministra de Educación y FP anunció además la creación “de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas”. Celaá resaltó que este contenido curricular “no debe ser objeto de polémica alguna a estas alturas y menos cuando en toda Europa lleva años formando parte del currículo”.   Por otro lado, el Gobierno reformará la asignatura de religión para que deje de computar a efectos académicos, para la nota media de los alumnos, y no tendrá ninguna alternativa “en forma de asignatura espejo”.
 
Educación infantil “asequible”
 
Lograr una educación infantil “asequible” será una prioridad para el Gobierno. Para ello el ministerio “impulsará un Programa de Cooperación Territorial con las comunidades autónomas en educación de 0 a 3 años”, que incluirá la financiación de programas de apoyo y orientación a los padres y madres. Estarán dirigidos a las familias con las rentas más bajas de las comunidades autónomas y se diseñará en coordinación con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.  
 
A partir del próximo mes de septiembre se pondrá en marcha el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio en el que participarán los agentes de la comunidad educativa. El objetivo es “revisar el modelo para hacerlo más justo y equitativo”.
 
El Gobierno revertirá, asimismo, el real decreto ley “de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que afecta a las enseñanzas no universitarias”. De esta manera, se revertirá el aumento del número de alumnos por aula, el aumento de la jornada lectiva de los profesores y el plazo de 10 días para su sustitución. Esto irá unido, resaltó Celaá, al incremento “de la inversión en la formación permanente del profesorado y en la investigación e innovación educativa”.

Se pondrá en marcha un paquete de medidas para luchar contra el abandono escolar temprano, el que se produce nada más cursar la educación obligatoria y que varía notablemente entre comunidades (del 26%, en Baleares al 7%, en el País Vasco). Entre las medidas de este plan se encuentra la lucha contra la pobreza infantil con el apoyo de becas y ayudas, en colaboración con el Alto Comisionado dedicado a esta cuestión, así como acordar con empresarios y sindicatos fórmulas más flexibles para que los jóvenes puedan compatibilizar empleo y formación.  
 
Una FP más moderna
 
Con este objetivo, se hará una firme “apuesta por la Formación profesional como motor del cambio del modelo productivo”, enfatizó la ministra de Educación.
 
Además, se modernizará además la Formación Profesional mediante un “amplio acuerdo” adaptado a las necesidades de la nueva economía y diseñando una oferta única, integrada y flexible. “Es el momento de integrar los dos subsistemas de FP: el del sistema educativo y la formación para el empleo, con la coordinación en su regulación con el Ministerio de Trabajo y con la participación de agentes sociales, empresarios y sindicatos”. 

Para lograr esta modernización se diseñará, con el máximo consenso, una Ley de Formación Profesional en la que vinculen políticas de educación, FP, empleo y desarrollo económico, anunció Celaá.

De forma paralela y de manera inmediata se pondrá en marcha medidas como un nuevo catálogo único de cursos. Se realizarán, además, estudios sobre la oferta y demanda del mercado, se incluirán en la Formación Profesional las especialidades emergentes, se facilitarán las pasarelas entre las distintos grados de FP y se reactivará el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Para ello se convocará el Consejo General de la FP, pendiente de reunirse desde hace un año.
 
Asimismo, se revisará el modelo Dual de FP para acometer una “regulación básica que permita organizar su regulación en todas las comunidades autónomas para evitar desigualdades. “Debe contener una contraprestación económica, se deben regular los tiempos de estancia combinada en los entornos educativo y productivo y establecer de manera clara la relación contractual”. 

Además, se mejorará el nivel de cualificación y acreditación de los trabajadores y se impulsará un modelo integrado de orientación académico-profesional.  
 
Asimismo, el Gobierno recuperará las evaluaciones de diagnóstico en 4º de primaria y en 2º de la ESO para analizar planes para la mejora de los centros, en colaboración con las comunidades. Además, se darán recursos a las escuelas de los barrios más pobres para ayudar a los alumnos a elevar sus resultados académicos.
 
Finalmente, la ministra de Educación se propone realizar un profundo análisis del sistema educativo para “replantearse si el currículo, las didácticas y la evaluación que hasta ahora han prevalecido son las más idóneas y funcionales”. “Tenemos una organización escolar demasiado rígida y homogénea”, destacó. “Necesitamos dar mayor flexibilidad a los centros educativos para organizar los aprendizajes de la forma más significativa y motivadora para los alumnos”, indicó.



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