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Editorial de El Mundo

Ni un año más sin un pacto educativo

REVISTA DE PRENSA • 05/09/2016

El inicio del curso escolar 2016/2017 es el mejor ejemplo hasta la fecha del preocupante descontrol de nuestro sistema educativo. En la semana en que comienzan las clases, nadie sabe -ni siquiera en el PP- si este año se van a realizar las polémicas reválidas que contempla la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), unas pruebas que condicionan totalmente la programación de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato. Es más: nadie sabe si la propia Ley va a superar este curso. Una incertidumbre, en definitiva, que ocasiona graves perjuicios a miles de estudiantes y profesores.

La aplicación de las reválidas era el último punto clave de la Lomce que quedaba por implementar. Su entrada en vigor se produjo el pasado 31 de julio, mediante un Real Decreto del Gobierno en funciones. Desde este curso, todos los alumnos de 4º de la ESO y de 2º de Bachiller deberían realizar estas pruebas finales, aunque no tendrán consecuencias académicas hasta el curso 2017/2018. Pero lo cierto es que, a día de hoy, el Gobierno todavía no ha establecido las características de las reválidas y buena parte de la comunidad educativa muestra públicamente su rechazo: ocho de cada diez docentes de Infantil, Primaria y Secundaria son contrarios a estas evaluaciones finales.

Desde que el ex ministro José Ignacio Wert, ahora diplomático en la OCDE, puso en marcha la Lomce en 2013, ésta contó con el rechazo absoluto de la oposición (se presentaron más de 900 enmiendas, todas desatendidas), de los profesores, de los sindicatos y de varios consejeros autonómicos de Educación. De hecho, las CCAA han aprovechado la discrecionalidad que les permite la legislación para aplicar la norma a su antojo, como se vio el año pasado con la inauguración de la prueba de 6º de primaria: 14 autonomías (incluidas las populares Castilla y León y Galicia) la gestionaron de manera irregular. Más allá del mejorable contenido de la Lomce, es inconcebible e inadmisible que en un mismo país puedan coexistir 17 sistemas educativos diferentes. Resulta inaceptable que una ley en vigor esté, de facto, muerta.

Pero que la norma actual deba ser cumplida, no exime al próximo Gobierno de que una de las tareas que debe acometer sea la de ejecutar una verdadera reforma educativa. No una como las elaboradas hasta ahora, que cambian cada cuatro años al albur de las mayorías absolutas, sino una de consenso, en consonancia con el escenario político. En su pacto de investidura, PP y C's concertaron "congelar el calendario de implementación de la Lomce". Aunque los aspectos esenciales de la norma ya habían entrado en vigor y el acuerdo caducó tras la fallida investidura, ambos partidos estaban de acuerdo en que es inviable mantener una ley educativa que rechaza la gran parte de los agentes a los que afecta.

En su discurso de investidura, el propio Rajoy profundizó en la necesidad de un pacto nacional por la Educación. No podemos estar más de acuerdo: urge una reforma que abarque desde Primaria hasta la Universidad y que acabe con esta incertidumbre, también consecuencia de la falta de un Gobierno estable. La Educación es un excelente ejemplo para ilustrar la imperiosa necesidad de consenso entre los grandes partidos, sin relegar a la irrelevancia a la comunidad educativa y a los colectivos sociales.


Editorial de El Mundo, publicado el 05/09/2016



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