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La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, presenta las nueve claves del anteproyecto de ley de Educación

La ministra de Educación y Formación Profesional explica el anteproyecto de la nueva ley educativa en el Congreso

EDUCACIÓN • 28/11/2018

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha presentado este miércoles el anteproyecto de la nueva ley educativa en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados. “Era una cuestión prioritaria y urgente para este Gobierno abordar de forma inmediata la modificación de los aspectos más segregadores y negativos de la LOMCE –Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa–, los que estaban causando mayores daños a nuestro sistema educativo, apartándolo de forma preocupante del objetivo de equidad”, ha señalado la ministra y portavoz del Gobierno.
 
El anteproyecto –denominado de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación– se encuentra en trámite de audiencia e información pública, por lo que está abierto a sugerencias de toda la comunidad educativa. “Abrimos ahora un tiempo para la aportación y el diálogo”, ha subrayado Celaá.

1. Derogación completa de la LOMCE
 
La ministra ha recordado que la LOMCE no es en sí misma una ley reguladora de todo el sistema educativo, sino que se limitó a modificar diversos aspectos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), así como algunos otros aspectos concretos de  la LODE y la Ley Orgánica de Universidades (en lo que respecta al acceso a la universidad).
 
“Desde el punto de vista jurídico, limitarnos simplemente a derogar la LOMCE, que a su vez, modificó parcialmente otra ley anterior –la LOE-, no resolvería los problemas planteados, puesto que las modificaciones permanecerían en la LOE modificada en 2013. Además, esa decisión de derogación sin otros cambios introduciría una situación jurídica contraria a la deseable claridad que deben perseguir todas las normas jurídicas”, ha detallado Celaá.
 
“Desde el punto de vista de su contenido, y en coherencia con el compromiso político anunciado, nos limitamos a modificar los aspectos más controvertidos que la LOMCE incorporó a la LOE, sin perjuicio de que, con dicho objetivo, y únicamente desde el punto de vista de la técnica jurídica utilizada, se hable de derogación formal de la LOMCE”, ha explicado la ministra.
 
Celaá ha informado de que se hará público un texto consolidado de la LOE, tras las modificaciones que ahora se proponen con este anteproyecto, que facilite su comprensión y lectura.
 
2. Un título único al final de la ESO
 
El anteproyecto elimina los itinerarios de la ESO y se modifican los PMAR (Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento), estableciendo los Programas de Mejora de las Oportunidades a partir de 3º de la ESO. Con ellos se podrá obtener el título único de la ESO que permitirá acceder tanto al bachillerato como a la formación profesional, a diferencia de lo que sucedía con las reválidas académicas y aplicadas que proponía la LOMCE.
 
También la FP Básica permitirá obtener tanto el título de Graduado en ESO como la cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. “Queremos que todos tengan las mismas oportunidades. Que los caminos no sean irreversibles en una edad en la que no se ha completado la madurez”, ha subrayado Celaá.

3. Disminución del índice de repetición
 
Otro de los objetivos de la nueva ley es que disminuya el índice de repetición. “Como nos recuerdan continuamente los organismos internacionales, en el modelo español se abusa mucho de la repetición como fórmula de solución del bajo rendimiento”, ha recordado la ministra. “La repetición debe ser la última de las opciones”, ha añadido.
 
De esta forma, el anteproyecto contempla que si el estudiante debe repetir, esta decisión tiene que adoptarse de manera colegiada por todo el equipo docente, previa constatación de que se han adoptado medidas previas y se han evaluado sus resultados. Si el alumno o alumna finalmente repite, lo hará con un plan individualizado de repetición, cuyo seguimiento realizará un docente del centro.
 
Sobre la posibilidad de que, en determinados casos, se pueda superar el bachillerato con una asignatura suspensa, Celaá ha destacado que es una medida que los centros ya aplicaban “de facto, sin haber desatado polémica alguna” y en países como Francia o Reino Unido. También es una práctica habitual en el Bachillerato Internacional.  
 
“Solo se trata de posibilitar que el equipo profesional de cada centro analice las circunstancias de cada estudiante como, de hecho, ya sucede, y decida y valore la posibilidad de que una asignatura no le haga perder un año completo”, ha destacado la titular de Educación. La medida, que se plantea solo para determinados casos, está sujeta a las restricciones que marque el Gobierno.
 
4. Un Bachillerato más flexible
 
Respecto al Bachillerato, seguirá siendo de dos años, pero los estudiantes que hayan finalizado el primer curso con más de dos asignaturas suspensas no tendrán que repetir el curso completo, sino solo las materias pendientes. Asimismo, si cumplen los requisitos que se establezcan, podrán matricularse de alguna asignatura del segundo curso siempre que así lo considere el equipo pedagógico y que no sea una de las suspensas, pero no se podrán matricular del segundo curso completo.
 
Los estudiantes que suspendan una o dos materias sí podrán pasar al segundo curso de Bachillerato y recuperar las pendientes, tal y como sucede actualmente. El objetivo es flexibilizar esta etapa educativa y motivar a los alumnos para que continúen en el sistema, especialmente a los que se encuentren en situaciones socioeducativas más complejas.

5. Religión no computable y sin asignatura espejo
 
El tratamiento que el anteproyecto da a la asignatura de Religión se atiene estrictamente a los acuerdos firmados con la Santa Sede. La religión seguirá siendo de oferta obligada para los centros y de opción voluntaria para el alumnado. “Esta regulación, que se mantuvo hasta 2013, era un acuerdo sólido que no planteaba conflicto social”, ha recordado Celaá.   Esta asignatura seguirá siendo evaluable. Como en todo proceso de aprendizaje, el docente deberá hacer entender a sus alumnos y alumnas lo que ya han aprendido y aquello en lo que necesitan seguir profundizando, y traducirá esta valoración en una nota. Sin embargo, la ministra ha puntualizado que esta calificación no será computable para la obtención de una beca, ni para la prueba de acceso a la universidad “porque ello no sería justo para quienes libremente eligen no cursar esta materia”.  
 
El anteproyecto no establece otra asignatura espejo como alternativa a la religión. “El derecho de unos a cursar estas enseñanzas religiosas no puede conllevar la obligación de otros a estudiar algo que no han elegido”, ha resaltado la ministra.
 
6. Valores cívicos y éticos
 
En cuanto a la asignatura de Valores cívicos y éticos, se impartirá esta materia en un curso tanto de la Educación Primaria como de la Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de que además, por su carácter transversal, estos aprendizajes estén presentes en todas las materias. 

“La educación en valores es un pilar básico del desarrollo personal y la piedra angular de una sociedad moral y democrática. Un aprendizaje imprescindible para formar ciudadanos, que la escuela tiene por tanto que garantizar para todos los alumnos y alumnas”, ha declarado la ministra y portavoz del Gobierno.

7. Participación de la comunidad educativa
 
El anteproyecto también pretende restaurar la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y gestión de los centros. Por ello, se establece un equilibrio entre sus representantes en los Consejos Escolares y se les otorga una mayor responsabilidad en la elección del director o directora y la gestión y evaluación de los centros escolares.
 
“Queremos que el aprendizaje de la cultura democrática para los alumnos empiece desde la participación e implicación en la gestión de la vida interna de las escuelas. Si vivimos en una democracia, nuestros alumnos también deben aprender en escuelas democráticas organizadas como tales”, ha subrayado Celaá.
 
Se propone también acercarse a un perfil de director que, además de garantizar su competencia para la gestión del centro, pueda asumir realmente el papel de liderazgo pedagógico y de impulsor de la innovación educativa, papeles que sabemos que contribuyen decididamente a la mejora de los centros.
 
8. Evaluaciones de diagnóstico
 
La ministra ha señalado que la descentralización autonómica exige una adecuada evaluación del sistema educativo por parte del Estado. Por ello, en el último curso de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria las administraciones educativas llevarán a cabo, con carácter muestral y plurianual, una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por los alumnos y alumnas.

9. Tratamiento de las lenguas cooficiales
 
Respecto a las competencias educativas del Estado y las comunidades autónomas, en el marco del respeto constitucional, la cooperación y la lealtad institucional, el texto plantea volver a la distribución de competencias en relación con el currículo en todas las etapas del 55% marcado por el Gobierno en comunidades con dos lenguas oficiales y del 65% del Ejecutivo en regiones con una sola lengua oficial. A las comunidades les corresponden los porcentajes restantes (45% y 35% respectivamente), que completarán con los aprendizajes que consideren necesarios. “Este reparto competencial  ha estado funcionando en los 17 años anteriores a la LOMCE sin generar ningún tipo de polémica”, ha recalcado Celaá.
 
En cuanto al tratamiento de las lenguas cooficiales, la propuesta trata de combinar de manera equilibrada la necesidad de garantizar el aprendizaje del castellano con la presencia adecuada de las lenguas propias de cada comunidad autónoma. “Se hace hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la educación básica con el nivel adecuado en la capacidad de expresarse oralmente y por escrito en una y otra lengua”, ha subrayado Celaá.
 
Además, la propuesta incluye la previsión de que el nivel de competencia logrado en cada una de las lenguas, el castellano y la lengua cooficial, sea objeto de un análisis permanente por parte de los centros, que permita detectar y corregir las disfunciones en su aprendizaje. 




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